Brote de Covid-19 en centro penal de Gracias Lempira, Honduras. Reporte de caso / Report of clinical cases for COVID-19 in the Penal Center of Gracias, Lempira, Honduras

Justificación: los centros penales constituyen escenarios donde confluyen una serie de determinantes para la aparición de enfermedades de interés en salud pública, dada la vulnerabilidad imperante y el riesgo exponencial de propagación. En el mes de junio del año 2020 el personal de salud del municipio de Gracias, departamento de Lempira, al occidente de Honduras, observó un incremento en el número de enfermedades respiratorias agudas a expensas de las atenciones brindadas en el centro penal ubicado en esta ciudad. Metodología: se integró un equipo de investigación coordinado por la Unidad de Epidemiologia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para realizar un estudio de casos. Resultados: se encontraron 63 casos de COVID-19, distribuidos entre personal penitenciario y privados de libertad; el 97% eran hombres, entre 40 y 59 años de edad, que presentaron un cuadro clínico de leve a moderado, siendo los síntomas más frecuentemente observados: fiebre, anosmia y tos persistente. Se inició manejo y tratamiento normado, ninguno de los casos requirió hospitalización. Discusión: de acuerdo al tiempo de incubación descrito para la COVID-19 y los resultados de las pruebas serológicas, se dedujo que el ingreso de la enfermedad al centro penitenciario fue a través del personal de seguridad, identificando el caso índice probable en un guardia penitenciarios que realizó un traslado hacia otro centro penal. Este reporte describe las acciones realizadas para la investigación y control del primer brote de la COVID-19 documentado en un centro penitenciario de Honduras...(AU)

Discharge Planning in Correctional Facilities: A Constitutional Right?

People being held in jails and prisons are entitled under the U.S. Constitution to necessary medical care, including mental health care. Whether such a duty includes planning for care after release has been less clear, despite widespread professional recognition of discharge planning as an integral component of correctional mental health treatment. A recent decision of a federal court of appeals considered the constitutional status of discharge planning for people detained in correctional facilities. The court concluded that a failure to offer discharge planning in the face of serious medical needs is an adequate basis for finding a constitutional violation.